Una pequeña muestra
30 de mayo de 2018
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Más de 1 200 niños separados de sus familias y desaparecidos, porque no informan donde están; trabajo esclavo para quien lo logra por lo menos conseguir, desprecio por ser considerada una raza inferior y otras cuestiones deleznables en su futuro, incluida la explotación sexual, es lo que está recibiendo la inmigración que intenta permanecer en Estados Unidos, la inmensa mayoría huyendo de la miseria y el hambre de sus países de origen.
Esos latinoamericanos reciente un trato brutal en la mayor parte de la Unión, pero principalmente en Georgia, ese que tiene un durazno o melocotón en su bandera estadual, que por su originalidad no deja de ser cruel, por ser una fruta que ha requerido en extremo la mano de obra a quienes hoy son perseguidos o se abusa de ellos para obtener ganancias a cambio del silencio para que no sean expulsados.
De Georgia ya habíamos hablado en otras ocasiones, porque seres amigos nos hablan de la discriminación general, incluso contra seres blancos y de ojos azules o verdes, por la simple razón de ser latinos.
Precisamente, 70 organizaciones de emigrantes y derechos humanos estatales y nacionales pidieron el fin de las continuas violaciones de los derechos perpetrados contra inmigrantes en los centros indocumentados detenidos en los centros georgianos de Stewart e Irvin.
La demanda halló eco en la clínica legal de la Universidad de Pensilvania, quien la presentó luego de la muerte de Jean-Carlo Alfonso Jiménez, un ciudadano de Panamá, de 27 años, quien falleció cuando estaba bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Stewart.
Jiménez había pasado 19 días en confinamiento solitario, cuando se le encontró sin vida en su celda, sin que hubiese un explicación, así como tampoco la hubo acerca del cubano Yulio Castro Garrido, de 33 años, en las mismas circunstancias y también en la cárcel de Stewart.
Las autoridades tampoco han respondido respecto de la obstrucción sistemática del derecho de los inmigrantes a recibir asesoramiento e información legal.
Uno de los organismos que respalda la petición, Project South, también ha cuestionado el programa de trabajo en los dos centros de detención privados con fines de lucro de Stewart e Irvin, además de que ha pedido una investigación sobre el sistema de aislamiento solitario en ambos lugares.
Esos sitios, operados por la empresa CoreCivic, obligan a los inmigrantes a participar en el programa laboral y toman represalias contra ellos si se niegan a hacerlo, aislándolos y negándoles condiciones básicas.
El abuso y la explotación de CoreCivic de la mano de obra de los inmigrantes detenidos como parte de sus planes de desmedida explotacióbn laboral, forman parte dela moderna esclavitud que le espera a esos seres humanos en Estados Unidos. Teóricamente, las entidades corporativas deben rendir periódicamente cuenta de lo que hacen, pero esto se incumple y las autoridades estaduales se lavan las manos con todo este abuso.
Los demandantes de la Universidad de Pensilvania y las organizaciones de derechos humanos han pedido a expertos de Naciones Unidas a que obligue a Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones internacionales para que cesen los abusos contra los detenidos.
Pero por lo que hemos visto, creemos que serán olvidadas las muertes del panameño Jiménez y la del cubano Castro, una pequeña muestra de lo que puede encontrar la inmigración que huye al país que considera la meca de sus sueños.
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