Pisoteando la justicia
27 de junio de 2017
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La crisis política y social que enfrenta desde hace años el pueblo peruano, se ha agudizado en días recientes, luego del anuncio del presidente Pedro Pablo Kuzcinsky (PPK) de que estudia la posibilidad de indultar al supercriminal ex presidente Alberto Fujimori.
PPK, en un afán por eludir la justicia, fragua concederle, por razones “humanitarias” que pase en su domicilio el resto de la pena de 25 años de cárcel, por comprobados crímenes de lesa humanidad.
La maniobra presidencial, en connivencia con la hija de Fujimori, Keiko, tiende a encubrir el escándalo que un probable indulto causaría entre los familiares de las víctimas y el pueblo mejor informado, que obligó al Estado a encausar y condenar al sátrapa.
La sentencia por la que Fujimori está preso (por las matanzas perpetradas en La Cantuta, Barrios Altos, y los secuestros de Gorriti y Dyer), en condiciones carcelarias que ningún otro condenado tiene, es un referente internacional del debido proceso, una experiencia sin precedente de juicio a un ex presidente que cometió crímenes de lesa humanidad y dirigió esa política, y una esperanza para que otras víctimas en otros casos, aún en impunidad, crean que es posible hacer justicia.
Lo cierto es que indulto o el amañamiento que pretende PKK, para lograre el apoyo fujimorista, luego de haber perdido los recientes comicios legislativos, es una violación a la independencia judicial y a la separación de poderes del Estado, y es porque esa sentencia de hace casi ocho años, no puede ser cuestionada irregularmente en su cumplimiento con un procedimiento que, como apuntamos antes, obedece a un impasse político entre el Ejecutivo y la bancada fujimorista del Parlamento.
En este contexto, se demuestra que PPK vulnera lo que calificamos de separación de poderes, lo cual, según juristas peruanos, vulnera lo que está estipulado en una democracia al estilo occidental.
Un delincuente nato
Fujimori es un violador de derechos humanos, un corrupto, el director de una estrategia que le costó al país más de 15 000 desaparecidos. La tergiversada propaganda de los medios de desinformación afirman que su mano dura salvo de la delincuencia de todo tipo a la nación, dando el visto bueno al asesinato de todos los considerados como terroristas.
Pero, realmente, no salvó al país del terrorismo, sino entronizó el terrorismo de Estado, al aplicar una estrategia antisubversiva en que primaba la violencia y no con métodos en que primaran la inteligencia y las ideas en los contextos policial y militar, lo cual ha seguido haciendo mucho daño a toda la nación.
Es decir, Fujimori está en la cárcel gracias a la justicia, luego de un proceso público y justo que hasta su abogado reconoció, sin que fuera juzgado todavía, no sé cuál ha sido la causa, el caso de Madre Mía, que fue en 1992; y la Corte chilena acaba de ampliar una extradición de Fujimori por otro caso de derechos humanos perpetrado por el Grupo Colina contra seis ciudadanos en Pativilca, Barranca, también en 1992.
Y mientras el “humanitario” PPK sigue buscando abiertamente el apoyo fujimorista en el legislativo, en este año se cumplen 25 años de los atroces crímenes de La Cantuta, por lo cual es muy probable que se vuelva a hablar de las sangrentas “heroicidades” del ex dictador.
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