Pobreza sin fin
29 de agosto de 2016
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Mis amigos mexicanos me dicen desde Ciudad Juárez de la cada vez mayor generación de riquezas y el sostenido crecimiento económico nacional, pero, al mimo tiempo, del ahondamiento de una pobreza tal que hace vulnerable al 80% de la población, pendiente cada día de un sinfín de necesidades, que van desde los gastos de inscripción al nuevo curso escolar hasta los medicamentos para la familia, sin contar el alto costo de los alimentos, muchos de ellos importados, al liquidar el Tratado de Libre Comercio conEstados Unidos y Canadáalgunos cultivos tradicionales.
Estos problemas, por supuesto, no son para el 20% de la población que no son ni pobres ni vulnerables, entre ellos unos 145 000 mexicanos que tienen por lo menos un millón de dólares cada uno, con un total de 736 000 millones. Algunos de esos sujetos, incluidos jefes del narcotráfico, ya tienen previsto construirse un andamiaje funerario de hasta tres pisos de altura.
La pobreza en México, como en muchos otros países, es generadora de problemas tales como la delincuencia común, la prostitución, la drogadicción y el crimen organizado, pero también del deterioro de las relaciones familiares, que se debilitan por la emigración y la irregularidad laboral, todo lo cual incide negativamente sobre el talento que cada persona pueda desarrollar.
Lo paradójico es que este mal se incrementa cada vez que el actual gobierno dicta medidas que implican cambios sociales -le llama estructurales- que encuentra aquiescencia hasta en la mayor parte de la oposición, con todo un tejemaneje informativo que trata de ocultar la verdad a la población.
Así han sido violentadas tradicionales áreas soberanas, como la energética, pretextando mitigar la profundidad y la extensión de la pobreza, y se han descartado políticas sociales basadas en la garantía de la alimentación y la total gratuidad en la educación y la salud a todos lo niveles.
Tampoco se les ocurre a los sectores oficiales impulsar una política fiscal que haga pagar más a quienes más tienen; hacer que el salario mínimo tenga un poder real de compra y proteger a los trabajadores de los desmanes de sus patrones.
Se hace difícil en una nación con más de 30 años de política neoliberal, donde la corrupción permea en todos los sectores en los que los monopolios nacionales y extranjeros están interesados en controlar.
Para lo anterior se hace necesario aumentar el papel del Estado en la economía, garantizando todos los derechos sociales y laborales, mediante mayor inversión pública, algo imposible cuando se implementa una política de privatizaciones que amenaza a la mayor parte de la sociedad y aumenta la desigualdad a niveles increíbles.
En este contexto se desarrolla actualmente una protesta nacional de la mayor parte de los educadores contra la reforma educativa del gobierno, muy bella en el papel, porque dice buscar una mejor calidad en la educación, tanto de profesores como de alumnos, pero que en una nación con disímiles condiciones laborales, puede llevar al desempleo de miles de maestros de, por supuesto, la abandonada educación pública.
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