Necesidad de extirpar el cáncer paramilitar

21 de diciembre de 2015

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Arnaldo Alfonso Musa Pachá

 

Las conversaciones que tienen lugar entre el gobierno y la guerrilla en La Habana para llevar la paz definitiva a Colombia han tenido indudables avances en estos días, cuestión que aprovecha Bogotá para acelerar un acuerdo definitivo, el cual, por supuesto, todos los hombres de buen voluntad anhelamos.
Pero aun me asaltan dudas sobre la política que debe llevar a cabo la parte gubernamental para el desmantelamiento definitivo de los grupos paramilitares, esfuerzo que pasa necesariamente por la captura, el juzgamiento y la sanción de quienes los inspiran, organizan, comandan, integran, apoyan y financian, todo en presente, porque están ahí, “vivitos y coleando”.
Todavía no son efectivas las medidas para poner fin a las actividades de los grupos de civiles armados, hasta hace poco conocidos como asociaciones “Convivir”, para erradicar su incidencia negativa en la crisis de los derechos humanos, facilitar la aplicación del principio humanitario de distinción en el conflicto armado, y que el Estado pueda tener control absoluto sobre la aplicación de la fuerza y el uso de las armas.
Cierto que en los últimos tiempos se ha reducido el número de violaciones de derechos humanos atribuidas a las fuerzas armadas y de la policía, pero no se ha garantizado que las actividades de los grupos paramilitares sea investigado y castigado.
Lo del paramilitarismo no es juego, porque más allá del objetivo visible de genocidio político, abarca una meta económica de despojo rural.
Se puede citar ejemplos coincidentes en el accionar del Ejército Británico, en evidente función paramilitar, que al servicio de la Condesa de Sutherland despojaba a sangre y fuego en la segunda década del siglo XIX a familias escocesas de sus tierras para intensificar la cría de ovejas, con los ejércitos paralelos de los Castaños que desplazaban o asesinaban a campesinos colombianos, con el fin de utilizar sus tierras para el ganado vacuno.
Estimo que, realmente, no habrá paz duradera sin el fin del nocivo fenómeno, que se nutre y se vale de todo tipo de recursos, como aquel que utilizaba el anterior gobierno de Álvaro Uribe para que unas cinco millones de personas dieran todo tipo de información, en tanto allanaba el camino para incrementar las filas paramilitares.
En ese sentido, tengo el recurrido ejemplo de un candidato presidencial de la izquierda colombiana que entrevisté en la Habana, y poco después fue asesinado a tiros por un adolescente de 14 años en el aeropuerto de Bogotá.
Así, fueron muertos unos 5 000 integrantes de la Unidad Popular insertados en la vida civil.
No hay que remitirse a las declaraciones al efecto de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ni a las denuncias y proposiciones de la organización guerrillera que dialoga en La Habana o la que lo hace en la propia Colombia para conocer que los grupos paramilitares son la fuente principal de violaciones del derecho a la vida en la sociedad colombiana de hoy.
La mayoría de los asesinatos y de las matanzas no sólo han sido obra de sus propias manos, sino que han contribuido a lo que se ha dado en llamar la impunidad, es decir, el conocimiento por los perpetradores de estos delitos de que no se les someterá al debido procedimiento judicial ni se les castigará por sus crímenes.
Y aunque el Estado hable ahora de que eliminará la impunidad, lo cierto es que debe adoptar medidas más profundas y de mucho alcance al respecto, ante la necesidad de extirpar el cáncer paramilitar.