Emboscada a los pueblos

23 de noviembre de 2015

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Arnaldo Alfonso Musa Pachá

 

Mientras las justas demandas de la población para que las transnacionales paguen por su culpabilidad en relación a los daños medioambientales son rechazadas o minimizadas por una justicia que se aviene a los más espurios intereses, sí son escuchadas las demandas de la tabacalera Phillip Morris contra Australia y Uruguay, y de la farmacéutica Elly Lilly contra Canadá por la anulación de una patente indebidamente otorgada.
Esto es una pequeña muestra de lo que le espera a la humanidad de los tratados para fortalecer al neoliberalismo auspiciados por el imperialismo norteamericano y que mantienen aun cláusulas secretas, a unos dos meses de haber tomado forma.
Si el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea había sido denunciado como el sometimiento del denominado Viejo Continente al diktat de EE.UU., hay otros dos más deleznables.
El periodista estadounidense Paul Craig Roberts afirma que los convenios comerciales secretos Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) pueden generar “una revolución violenta”, porque se está produciendo la pérdida de derechos políticos, al eliminarse la soberanía y entregar la gobernabilidad a unas multinacionales que serán inmunes respecto a las leyes de los países en que operan.
Los tratados establecen que las compañías podrán demandar y multar a los gobiernos soberanos por cualquier ley existente o futura, regulación de los beneficios empresariales o restricción comercial que establezcan.
A ello hay que añadir que, según Roberts, estos acuerdos “suprimen las perspectivas económicas de la población”, debido a “la deslocalización de puestos de trabajo” y a la “supresión de la presencia pública en las economías occidentales, ya que los excedentes que obtengan servirán para pagar intereses al sector financiero”.
Además, el también economista y escritor denuncia que “las corporaciones han comprado toda la Cámara de Representantes de Estados Unidos por menos de 200 millones de dólares para que acepte el denominado ‘fast track’, que permite al representante de Comercio del país –el agente de las compañías– negociar en secreto y sin la intervención ni la supervisión del Congreso”.
Este agente corporativo estadounidense “negociará con sus homólogos de los países que integrarán esta ‘asociación’ y ese puñado de personas ‘bien sobornadas’ elaborará acuerdos que suplantarán la ley por los intereses empresariales. Cuando esos pactos entren en vigor, los gobiernos se privatizarán”, revela.
Preocupa que naciones que han mantenido la soberanía como divisa se adhieran a esos convenios, así como que se desconozcan las cláusulas hasta ahora secretas.
Se ha dicho que uno de los motivos del TPP, rubricado hasta por 12 países, es preparar las condiciones “para detener a China” y boicotear los intentos de Beijing de expandir su economía que, sin dudas, ha beneficiado a los pueblos de muchas naciones del Tercer Mundo, como sucede con las africanas.
También se ha dado de lado a las otras naciones integrantes del BRICS –Rusia, Brasil, la India y Sudáfrica–, lo que habla que estos países mantendrán la soberanía nacional y el control público, a diferencia del vasallaje que pretende imponer Occidente a sus ”socios” asiáticos y latinoamericanos, incluidos quienes integran el denominado Pacto del Pacífico: Chile, Perú, Colombia y México.
En este contexto, Wikileads ha publicado una serie de 17 documentos sobre las actuales negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), en las que participan Estados Unidos, la Unión Europea y otros 23 países, entre ellos Turquía, México, Canadá, Australia, Paquistán, Taiwán e Israel, que en conjunto comprenden dos tercios del Producto Interno Bruto Mundial, aun más leonino que los anteriores, que es mucho decir.
TISA pretende regular de manera supranacional servicios de salud, agua, financieros, transporte y telecomunicaciones, entre otros. Además, exige que haya “transparencia”, lo que, en realidad, se traduce en la obligación de los países a presentar los proyectos de ley internos antes de que sean aprobados para determinar su viabilidad.
El acuerdo pasaría por encima de regulaciones establecidas por diversas naciones motivadas por razones culturales, sociales, de desarrollo y hasta ambientales para luchar contra el cambio climático, y establecería, en caso de ser rubricado, la facultad de que “tribunales comerciales privados decidieran la forma en que los países regulan las actividades que son fundamentales para el bienestar social”.
EE.UU. y la UE son los principales impulsores de este pacto, que afecta a 50 países y a un 68,2% del comercio mundial de servicios.
O sea, Estados Unidos, con el presidente Barack Obama como cabeza visible, está pactando con gran secretismo acuerdos que pretenden cambiar el mundo a favor del establishment militar-financiero norteamericano, y que será tema de posteriores comentarios.