Sin escrúpulos
31 de agosto de 2015
|Gran parte del desempleo en Estados Unidos se debe a que muchas empresas privadas fueron a países del Tercer Mundo a establecer sus industrias y contratar empleados a bajo costo para incrementar sus ganancias. Un gran negocio a costa del trabajador norteamericano, que encontró otro filón en la privatización de unas cien cárceles que emplean a más de un millón de reclusos por unos pocos centavos la hora a cada uno.
Este millón forma parte de los diez millones que se encuentran en régimen carcelario, de los cuales dos millones 300 000 purgan sus condenas en los recintos, en su inmensa mayoría afronorteamericanos. Es decir, EE.UU. con solo el 5% de la población mundial, tiene el 25% de los presos del mundo.
Antes de 1970, estaba prohibido que las empresas privadas usaran a reclusos para trabajar, pero en 1979 el Ministerio de Justicia y el Congreso levantaron la restricción, bajo el pretexto de que ayudaría a la creación de un plan de rehabilitación, pero lo real es que ha sido un gran negocio para las grandes empresas que tienen a miles de personas que realizan un trabajo esclavo, sin sindicatos y beneficios de ningún tipo.
Esta reflexión pudiera encontrar su complemento en el documental francés “El negocio de las cárceles”, que recorre la industria creada en torno a las cárceles privadas en Estados Unidos y la explotación económica de la población reclusa.
Como consecuencia de las leyes antidroga, Estados Unidos ha experimentado en los últimos 25 años un aumento sin precedentes de su población reclusa, que se ha multiplicado por ocho. Ello obligó a construir miles de nuevas cárceles y ha generado una industria con una facturación anual de más de 15 000 millones de dólares, gracias al novedoso sector industrial en el que proliferan las cárceles privadas, los medios de comunicación especializados y la actividad comercial de todo lo relacionado con el mundo penitenciario, incluido el transporte privado de reclusos, la publicación de sus propias páginas amarillas y las ferias comerciales.
Este singular mercado reparte a sus accionistas suculentos dividendos, en una sociedad en la que el deseo de obtener ganancias no tiene limite.
Los internos tienen la obligación de trabajar y cualquier empresario del sector privado puede contratar presos como mano de obra. De hecho, las prisiones se han convertido en verdaderas factorías que se aprovechan de una mano de obra barata y cada vez más numerosa. Manufacturación de ropa, muebles, gafas, calzado…
Varias compañías estadounidenses dedicadas a este negocio se han establecido en otros países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, el único país europeo que posee prisiones totalmente privadas.
Sin embargo, la mayoría de las naciones europeas ha optado por un modelo intermedio: las cárceles semiprivadas. La vigilancia y la dirección de los centros penitenciarios sigue en manos de la Administración pública y todo lo demás está gestionado por el sector privado.
Para las autoridades de Estados Unidos, el país líder del libre mercado, no existen dudas: lo ven como una necesidad, y rechazan los argumentos de los detractores de esta invasión de empresas privadas en el ámbito de un sector tradicionalmente público, porque consideran que, al igual que la seguridad nacional, la judicatura o la política exterior, los convictos deben seguir bajo el control y la tutela del Estado y no debe imponerse a este principio un criterio económico.
Lo más inescrupuloso es que las autoridades se ven obligadas a garantizar un número mínimo de prisioneros, suban o bajen los delitos, lo que se considera un requerimiento empresarial comprensible y beneficioso.
“Para el contribuyente, si no hubiese una cuota y la ocupación fluctuase de forma variable, el operador privado cobraría una tasa diaria mucho más elevada para asegurarse que recupera su inversión”, apunta el portavoz oficial Doug Nick. “Este tipo de garantías mantienen el coste relativamente estable y predecible”, añade.
¿Pero qué pasa si la tasa de crímenes se reduce, y cada vez entran menos presos a las cárceles? “Nunca hemos tenido problemas para llenar las camas, ni hemos perdido población carcelaria. De hecho, lleva décadas creciendo”, al replicar con total seguridad de que la situación no variará.
Esta cínica consideración se puede complementar con el señalamiento de la politóloga argentina radicada en Nueva York, Anahi Rubin, que “sin cambios de leyes que criminalizan la inmigración y penalizan a pobres, afroamericanos y latinos, estos negocios para las grandes corporaciones seguirán creciendo en detrimento de la justicia social y la libertad”.
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