EE.UU.: legitimada la corrupción electoral
19 de abril de 2014
|Por más acostumbrados que estemos todos al ambiente de sucesivos escándalos políticos y rampante corrupción electoral que caracterizan la llamada “democracia representativa” de los Estados Unidos de América desde la fundación de ese país devenido Imperio, o sea, hace más de doscientos años, aparecen aun cada cierto tiempo nuevos sucesos que contribuyen a profundizar la naturaleza del sistema que asfixia y confunde al electorado estadounidense, con la complicidad de los grandes medios de comunicación, también beneficiarios preferentes.
Uno de ellos ocurrió recientemente cuando de manera un tanto sorpresiva la Corte Suprema de Justicia de esa nación decidió, por votación de 5 contra 4, echar por tierra las restricciones a las donaciones privadas con destino a las campañas electorales que se habían establecido hace cuarenta años, como consecuencia del sonado escándalo Watergate y sus sacudidas.
La decisión de la Corte Suprema -hoy encabezada por el juez John Roberts, nombrado por W. Bush hijo en 2005-, no es enteramente nueva. Digamos que es la sucesión de otras que fueron tomando con anterioridad, todas encaminadas a liberar cualquier obstáculo en el tortuoso y sucio camino de la financiación de los monopolios a los partidos y candidaturas que se mueven dentro del hipócrita escenario de la “democracia representativa”. La misma “democracia” que Estados Unidos intenta imponer al resto del mundo mediante las guerras y las agresiones imperiales.
Haciendo un poco de historia, recordemos que el camino acelerado de la desregulación comenzó echando abajo la Ley Glass-Steagall, que databa de la época de Roosvelt; luego llegó el turno a la financiación de los partidos, anulándose los límites de financiamiento por parte de las empresas a los partidos políticos (que, como se sabe, son solo dos) alegando que ello violaba la socorrida Primera Enmienda constitucional, protectora de la “libertad de expresión” y los “derechos humanos”.
Consecuente con ese rumbo, la actual Corte Suprema decidió anular, -aunque por la mínima votación,- cualquier legislación anterior que impida o limite a un individuo en el monto de los donativos que este puede hacer a cualquier partido o candidato en particular. El juez Roberts repitió en este caso el viejo argumento de que cualquier restricción a este tipo de donativo sería “una amenaza a la libertad de expresión y al derecho de participación en el debate público”.
Desaparecen así los topes al monto total que un particular puede aportar a candidatos federales, partidos y comités electorales dentro de un mismo ciclo de elecciones.
Según han reflejado algunos medios de prensa en semanas recientes, el ponente de este caso ante la Corte fue el millonario Shann McCutcheon,- empresario considerado como uno de los principales donantes del Partido Republicano,- quien logró al parecer concitar todos los apoyos e influencias requeridos para obtener esta nueva concesión que alimenta y legitima la corrupción dentro del ya desacreditado sistema lectoral estadounidense.
Un diario como “The New York Times”, celoso guardián del sistema y nada sospechoso de infidelidades, ha afirmado que tal decisión forma parte de “una cruzada dirigida a desmantelar las barreras al poder distorsionador del dinero en la política estadounidense”. Simultáneamente, una encuesta de Gallup arrojó que ocho de cada diez electores está a favor de que se introduzcan las limitaciones a las donaciones y los gastos de campaña.
Si tenemos en cuenta que la reciente liza presidencial Obama-Romney (2012) se convirtió en la más cara de la historia de los Estados Unidos, preparémonos para las próximas cifras que nos depararán las venideras y “democráticas” competencias dentro de la insaciable plutocracia yanqui.
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