Nada casual

7 de abril de 2014

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Arnaldo Alfonso Musa Pachá

La más reciente acción de convertir en ilícita cualquier acción politica del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, durante los próximos 15 años, coincide con la similar tomada anteriormente con la exsenadora  Piedad Córdoba, lo cual es demostrativo de que la Procuraduría colombiana utiliza las leyes para perseguir y castigar a quienes se enfrentan consecuentemente a los poderes tradicionales.
Las más recientes encuestas demuestran que Petro posee cerca del 60% de la simpatía popular, mientras mermó la del presidente Juan Manuel Santos al ratificar la decisión del Procurador, después que hace mes y medio había afirmado que acataría cualquier medida dictada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Aunque esta señaló la incongruencia que el procurador Alejandro Ordóñez había hecho con Petro, y pidió restituirlo en la alcaldía. Santos notificó al alcalde bogotano de su remoción del cargo por haber cambiado el modelo de recolección de basura en la  capital, a finales del 2012, en perjuicio de poderosos inversionistas privados.
De acuerdo con Petro, el modelo de recolección de basura que objetó el Procurador y que se puso en marcha en diciembre del 2012, le ahorró a la ciudad 25,3 millones de dólares el año pasado en detrimento de las utilidades que devengaban los operadores privados que salieron del negocio o que acotaron su participación con el nuevo esquema.
Petro, ex guerrillero del M-19 que se desmovilizó en 1989 para hacer política en la legalidad, ganó la alcaldía de Bogotá en reñidas elecciones en el 2011 con una propuesta centrada en el fortalecimiento de la política social y el desmantelamiento de las “mafias” que controlaban los contratos de obra pública –a las cuales él mismo denunció cuando fue senador– y las concesiones de los servicios públicos como el de la recolección de basura.
Petro calificó al Procurador como un “fanático religioso vestido de abogado jurista” que “esconde intereses económicos” y “ha pasado por encima de la ley y de los tratados internacionales”.
Así, la ultraderecha se ha fortalecido respecto a los próximos comicios para sustituirlo y, respecto a los presidenciales, restó respaldo a Santos, quien, aunque conservador, logró cierto apoyo por su política de diálogo con las guerrillas colombianas para llevar la paz a una nación con tantos años de guerra interna.

 

ASESINATO POLÍTICO

 

Incluso aquellos que señalan que la falta de experiencia de Petro ocasionó en su momento el desajuste en la recogida de basura, muy bien aprovechado por la prensa de derecha, coinciden con sus partidarios de que en Colombia el espacio para las propuestas políticas diferentes a los de los partidos políticos tradicionales es muy pequeño y, además, no tiene garantías.
De acuerdo con el abogado y expresidente de la Corte Constitucional colombiana, José Gregorio Hernández, desde el comienzo de su gestión como alcalde, en enero del 2012, Petro “sufrió los ataques de sus adversarios, en particular de las elites y la clase política tradicional, que buscaron por todos los medios sacarlo del cargo y acabar con su carrera política”.
Para Hernández, el procurador Ordóñez –un ultratradicionalista católico de la secta lefebvrista—“ha venido acumulando un excesivo poder, un poder contra todos, en parte porque se lo otorga la Constitución, y en parte por el abuso de las atribuciones existentes mediante interpretaciones expansivas, como lo demuestran este caso (de Petro) y el de Piedad Córdoba.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia –y la cual mantiene acercamientos con el gobierno para iniciar negociaciones de paz– también expresó su rechazo a la destitución del alcalde y en un comunicado público se preguntó: “¿Qué garantías tienen unos acuerdos entre la insurgencia y el gobierno (ante) la intolerancia del poder para aceptar en las instituciones posturas críticas y al servicio de los excluidos, alcanzados por las vías constitucionales?”.
A su vez, Iván Márquez, negociador de las FARC, dijo que la destitución “afecta de manera grave la confianza y nos plantea muchas dudas e interrogantes en torno a la eficacia de lo acordado parcialmente en torno al tema de participación política”.
Incluso, el presidente del Concejo de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, reconoció que fue muy dura la sanción, aunque considera que Santos actuó “en plena legalidad”, y recordó que Ordóñez ha destituido y sancionado a 800 alcaldes, 18 gobernadores y 23 congresistas de todos los partidos, desde que asumió el cargo en el 2008.
Al respecto, el profesor de la Universidad Nacional, Carlos Mario Perea, afirmó que cuando se revisan con detenimiento esas cifras queda claro que las sanciones más rigurosas han sido contra funcionarios de izquierda o de centroizquierda, como el ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar, a quien inhabilitó por 12 años en el 2012 en una decisión revocada el 27 de marzo último por el Consejo de Estado.
“En cambio, el Procurador ha sido muy indulgente con los políticos implicados con grupos paramilitares”, dice, y consideró que si Ordóñez aplicara los mismos criterios que aplicó con Petro, como ineptitud, mala administración y atentar contra la libre competencia, a todos los funcionarios del Estado, “nos quedaríamos sin funcionarios. Además, no hay un solo cargo de corrupción en contra de Petro. Ahí la cosa sería distinta”.