Golpe a la paz
18 de diciembre de 2013
|Hace poco más de una semana se produjo en Colombia lo que posiblemente sea el más duro y desconcertante golpe dado al proceso de los diálogos de paz entre las organizaciones guerrilleras y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, desde que estos se iniciaron en La Habana a fines del pasado año.
Sabido es que esos diálogos, no sin escollos y sobresaltos, avanzan paulatinamente, ya han logrado consenso en los dos primeros puntos de la agenda previamente negociada y en estos momentos se adentran en el tercer capítulo del difícil y complicado entendimiento que solo la comprensión y la buena voluntad de las partes podrá llevar hasta un final exitoso.
Sin embargo, se sabe también, -porque así lo han expresado públicamente,- que la ultraderecha colombiana y los más tenebrosos sectores auspiciadores del paramilitarismo harán todo lo posible por evitar que esos diálogos de paz lleguen a buen término y que se retome el camino de la guerra y la violencia a toda costa hasta extirpar de raíz y liquidar definitivamente al movimiento revolucionario colombiano, ahogándolo en sangre y acumulando víctimas entre la población civil como desde hace más de 60 años sucesivamente.
La destitución del alcalde mayor de Bogotá y eventual candidato presidencial Gustavo Petro, -un ex guerrillero del M-19 acogido a la legalidad por medio de la negociación de paz que llevó a cabo esa organización hace varios años y posteriormente elegido senador de la República,- lanza un peligroso mensaje en medio de los actuales diálogos, además de ser una clara violación constitucional, pues la Carta Magna colombiana es precisa en cuanto a que solo el Presidente de la República puede proceder a efectuar la destitución de tales funcionarios alcaldicios que fueron producto de elección popular cuando sean hallados culpables de delito por los tribunales correspondientes.
En este caso, como se sabe, fue el Procurador General de la República, – un funcionario gubernamental designado,- quien emitió por su cuenta la sanción destituyendo al Alcalde Mayor de la capital, añadiéndole significativamente la pena de 15 años de inhabilitación en sus derechos políticos.
En una de sus recientes alocuciones ante el pueblo bogotano, Petro hizo una afirmación esclarecedora que devela en buena medida el trasfondo real de esta decisión ilegal que intenta imponer el citado Procurador: se trata de un mensaje a todos los que alguna vez estuvieron incorporados a la lucha armada, en el sentido de que nunca les será permitido gobernar.
Se considera por eso que la medida contra Petro va mucho más allá que una simple disposición contra el Alcalde, porque supuestamente desvió recursos y municipalizó a las empresas privadas que detentaban los negocios del agua y la recogida de basura.
Las masivas movilizaciones populares y las declaraciones de las más diversas organizaciones políticas -de diverso signo e incluso críticas de Petro en otros momentos-, han sido explícitas en señalar los oscuros motivos de la decisión del Procurador, a quién vinculan con el ex presidente Álvaro Uribe, cabeza visible de los enemigos de los actuales diálogos de paz.
Es altamente sospechoso que la destitución tenga lugar en una coyuntura donde siguen desarrollándose los encuentros gubernamentales con las FAR-EP y a punto de comenzar con el ELN -la otra organización que mantiene la lucha armada en el país-, mientras se acercan las elecciones presidenciales que deberán celebrarse el próximo y cercano año 2014, en las cuales el presidente Santos ha anunciado ya su aspiración reeleccionista.
Sigamos detenidamente las posibles consecuencias de este golpe a la paz pues ellas podrán influir decisivamente en los destinos de Colombia.
Comentarios
