El derecho indígena

7 de octubre de 2013

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Elson Concepción Pérez

Un tema aun no resuelto en las actuales sociedades civilizadas y en muchos casos dominadas por las modernas tecnologías y absorbidas en un mundo globalizado, es el que tiene que ver con la población indígena.
Desgraciadamente, allí donde gobiernos progresistas han levantado la dignidad y el derecho indígena, no siempre ha sido posible borrar siglos de explotación y exterminio que han creado un rechazo a todo lo que no sea autóctono, y prolongados conflictos todavía existen en muchos países.
Por ejemplo, no es nada fácil aceptar planes para una racional explotación del petróleo, aunque solo sea en el uno por ciento de la zona, para la población originaria de la Amazonía ecuatoriana, la que ha sufrido hasta la extinción de etnias debido a la labor depredadora de empresas transnacionales como la Texaco, ahora Chevron.
Tampoco puede solventarse con facilidad el caso de otros conflictos de larga data como los que todavía vive Bolivia, donde las empresas mineras foráneas dejaron heridas abiertas que aun no han cicatrizado.
Un reciente estudio del Proyecto Munden a petición de la organización global Derechos y Recursos, refleja que una de cada tres hectáreas que gobiernos de América Latina, África y Asia conceden a la explotación minera, agrícola-industrial o forestal pertenecen a tierras de comunidades indígenas, lo que equivale al 31% de los 153 millones de hectáreas de superficie de 12 países de las citadas regiones.
El estudio, según la BBC, se concentró en cinco naciones de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú), tres de África (Camerún, Liberia y Mozambique) y cuatro de Asia (Camboya, Indonesia, Malasia, y Filipinas).
En Argentina, por ejemplo, un 84% de las concesiones para el cultivo de soja está en territorio indígena; mientras que la minería chilena, colombiana y filipina, descansa en algo más de un 35% del territorio aborigen.
Durante décadas, fundamentalmente cuando el neoliberalismo se implantó como modelo de desarrollo, los gobiernos burgueses concedieron a muchas transnacionales la explotación minera a espaldas de las afectaciones que causarían a las comunidades autóctonas.
En países como Camerún, en África, la explotación forestal en tierras indígenas ha dejado enormes pérdidas y en Filipinas, Asia, el conflicto por la tierra en torno al proyecto minero de Tampakan pone en peligro una inversión de casi 6 000 millones de dólares.
Por ejemplo, en América Latina, ningún otro gobierno ha hecho más por las comunidades indígenas que los que actualmente sustentan el poder en Ecuador, Bolivia y Venezuela.
Sin embargo, es casi cotidiano ver en las televisoras, los reportajes sobre la represión contra indígenas que protestan en Chile o en Colombia exigiendo mejores condiciones de vida.
Si se tiene en cuenta que unos 451 millones de hectáreas de tierra en el mundo son propiedad o están administradas por comunidades originarias, la única solución del presente y el futuro es y será la participación de esos grupos, con todos sus derechos, en los procesos de transformación y desarrollo, y la no presencia de empresas transnacionales que tanto daño han causado a las mismas.