Colombia: Marco Jurídico para la Paz

7 de agosto de 2013

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Orlando Oramas León

El gobierno colombiano adelanta una propuesta ante la Corte Constitucional de ese país para la definición del “Marco jurídico para la paz”, una reforma legal que deberá atender la reinserción de los insurgentes a los que la justicia ha inculpado y condenado.
Hasta ahí la noticia pareciera a favor del proceso de paz que  la administración del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) adelantan en la mesa de conversaciones instalada hace más de medio año en La Habana.
Pero la insurgencia, en voz del comandante Pablo Catatumbo, ha alertado que tales gestiones que se debaten en diversas instancias de los poderes del Estado colombiano no han tenido en cuenta las posiciones de las FARC al respecto.
“Si en realidad se busca la paz, el solo sentido común indica que una  conceptualización para tal construcción debe ser producto de análisis y  decisiones conjuntas”, añadió el líder rebelde.
La guerrilla ha sido enfática en que el referido marco o “transición” implica necesariamente la implementación de cambios estructurales en la institucionalidad, incluidos sus órganos.
Ello significa, según esa visión, que las partes acepten en la mesa de conversaciones en La Habana la reforma de la justicia, “que ha sido politizada por la rama ejecutiva, y la responsabilidad del Estado en los hechos de guerra, la ha venido descalificando cada día más.”
Con tal postura, las FARC están diciendo que la justicia en Colombia ha sido parte del terrorismo de Estado aplicado durante décadas, y es, también, causal del conflicto armado.
El 25 de julio, el presidente Santos defendió ante  la Corte Constitucional su proyecto del “marco jurídico para la paz”,  considerado como la base legal de las conversaciones de paz con las FARC,  iniciadas en noviembre de 2012.
Esa reforma, aprobada por el Congreso el año pasado y que requiere el aval  de la Corte, permitiría la suspensión de las penas a los  rebeldes que se desmovilicen, así como su participación en política.
Hay que tomar en cuenta que la dirigencia rebelde ha sido condenada en ausencia a largas penas. Algunos de sus dirigentes, como Simón Trinidad (encarcelado en Estados Unidos), son requeridos por la justicia de Estados Unidos.
No en balde el asunto entra en el segundo punto de la agenda, el de la participación política, el cual centra las pláticas que durante estos días ocupa el debate en la mesa bipartita del Palacio de Convenciones.
Las FARC están diciendo que el marco jurídico para la paz no les puede ser impuesto, sino que deberá ser consensuado entre las partes en el diálogo habanero.
Al respecto consideran que ese marco es un instrumento de justicia transicional al cual han acudido muchos países, en los que, subrayan, por lo general son los ganadores de la confrontación quienes han impuesto sus normas a los vencidos.
Pero la insurgencia es enfática al subrayar que “en Colombia no ha habido derrota de la contraparte ni se vislumbra.
En Colombia no solo se declaró oficialmente que hay un conflicto entre dos partes con responsabilidades para cada una de ellas, sino que se da la circunstancia terrible de que la guerra continúa, apunta la delegación de las FARC en La Habana.
Fue el propio presidente Santos quien reconoció ante la Corte Constitucional la responsabilidad del Estado colombiano en la guerra, por lo que, apunta la guerrilla, “la aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad necesaria para ser juez.
“No se puede ser juez y parte, sobre todo cuando se trata de un Estado responsable; y mucho más, cuando la guerra interna persiste sin vencedor ni vencido”, acotan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
Para concluir, Catabumbo dijo que “la Corte Constitucional ha dejado entrever que se  pronunciará sobre el mencionado ‘marco’ a finales de agosto”. Pero jamás  nuestra contraparte consideró tomar en cuenta los planteamientos que  tiene la insurgencia sobre el tema”.
Habría que ver, entonces, si esa iniciativa unilateral del gobierno y el próximo pronunciamiento de la Corte aportan al proceso de paz en Colombia o, si por el contrario, se convertirá en punto de desencuentro y obstáculo a las propias conversaciones que las partes continúan en la capital cubana.