Negocio entre rejas
29 de julio de 2013
|Mientras el poder mediático internacional dedica páginas, tiempo, espacio e imágenes a manipular sobre la propuesta de reformas a la Ley Migratoria de Estados Unidos, una gran verdad se oculta entre las bambalinas de un Congreso y un Ejecutivo controlados por otro poder: el del dinero.
Para entender los matices que deciden lo mismo en una sesión congresional que a la hora de levantar la mano los republicanos y demócratas, sépase que un poderoso lobby allana el camino para que todo lo que se apruebe o más bien lo que se haga a posteriori no vaya en contradicción con el negocio.
Si en Estados Unidos hay alrededor de 12 millones de inmigrantes, lo importante es que quienes sean cuestionados o beneficiados por la propuesta ley migratoria, dejen su aporte en las cárceles privadas, uno de los más fabulosos negocios en el que para nada se tiene en cuenta quien sea el reo, cuál sea la causa por la que está en prisión o el tiempo que estará tras las rejas.
El lucrativo negocio comenzó en 1980 cuando el masivo encarcelamiento de indocumentados llevó al gobierno de turno a la idea de contratar el manejo del sistema penitenciario a través de instituciones carcelarias privadas, que, incluso, están fuera del monitoreo normal sobre la aplicación en ellas de medidas coercitivas violadoras de los derechos humanos.
No por gusto, como aseguran especialistas consultados por BBC Mundo, la manera en que se formule el actual proyecto de ley de reforma migratoria -aprobado en el Senado y discutido ahora en la Cámara Baja- es de especial interés para los inversionistas en ese negocio.
De ser promulgada la legislación, sus cláusulas de seguridad fronteriza suponen un aumento de detenidos por violaciones migratorias. Y con ello más latinos presos y mayores ganancias para los dueños de las cáceles privadas.
De todas formas, aunque se apruebe la citada reforma, quedarían en pie las leyes que continúan criminalizando a los inmigrantes y garantizando un flujo constante de presidiarios que tendrían que ser transportados, recluidos y vigilados -a un costo altísimo para el contribuyente- por estos centros de detención privados, argumenta la citada agencia noticiosa.
Se trata del país con mayor población carcelaria del mundo, con unos dos millones y medio de personas, la mayoría de ellos inmigrantes, principalmente latinos, que, junto con los negros, componen 80% de todas las personas prisioneras en el país.
El inmigrante, que antes era un ser humano, es ahora un criminal, se resalta en el despacho noticioso.
Si se tiene en cuenta que el costo por detenido puede ascender a unos 60 000 dólares al año, el aporte de los contribuyentes para sostener esas instituciones privadas, asciende a cifras multimillonarias.
En la actualidad, la mayoría de los detenidos por delitos migratorios terminan en una cárcel privada, parte de una industria de seguridad que ha crecido en la última década, aunque organismos de derechos humanos han denunciado en ellas la aplicación de trabajos forzados, existencia de comida podrida, hacinamiento, aislamiento, ataques sexuales y hasta asesinatos.
Hay dos empresas que controlan el 80% del negocio de estos recintos. Son ellas Corrections Corporation of America (CCA) y el Grupo GEO, de las que proviene el dinero que se entrega por diversos grupos de presión dentro del Congreso a los senadores del llamado Grupo de 8, que promovió la reforma migratoria en el Senado.
En tal sentido se destaca que de las 600 páginas que tiene la propuesta migratoria, la mayoría es sobre políticas que benefician la industria de prisiones privadas.
Otro gran negocio en el mundo donde lo que más interesa es el dinero, sin importar la procedencia.
Comentarios
