Sinsabores de la justicia
11 de septiembre de 2024
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Los ejemplos de «justicia» que no es la justicia según el precepto «de dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, de organizar una sociedad según los principios de la honestidad, la equidad y la razón», se multiplican cada día.
El empleo de la politización y manipulación de procesos penales y de acusaciones sin fundamento se convierten en un recurso muy frecuente que forman parte de la realidad de hoy.
Ejemplos de estos días: Israel pide a Estados Unidos —a quién si no— que «ejerza presión a Sudáfrica para que desista de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que acusa al Estado judío de violar sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el genocidio, por sus masacres contra la población palestina de Gaza».
La amenaza escondida detrás de las máscaras de una supuesta justicia, se conoció cuando la cancillería del país sionista, amenazó a Sudáfrica, con el argumento de que «trabajan actualmente con Estados Unidos» para que, en caso de continuar con las acusaciones contra Israel, «tendrán que pagar un alto precio, que puede llegar a la suspensión de las relaciones comerciales entre Washington y Pretoria».
Sin embargo, de acuerdo con Sputnik, es poco probable que EEUU lleve a cabo una medida tan drástica, ya que la Casa Blanca pretende «mantener su relación con Sudáfrica para contrarrestar la influencia de Rusia y China».
Alguien exclamaría: ¡cochina política! Y yo agregaría: será que los más de 20 000 niños asesinaos por fuerzas militares de Israel, no cuentan para que uno u otro país —Estados Unidos e Israel— continúen en su juego político para ocultar un genocidio.
Viajemos en el espacio y el tiempo hasta Perú, un escenario donde la susodicha «justicia» tiene tras las rejas Pedro Castillo, un presidente, maestro, dirigente sindical, querido por su pueblo, a quien ahora, la llamada «justicia» peruana se propone declararlo con «permanente incapacidad moral para ejercer la jefatura del Estado».
El expresidente peruano permanece preso desde el 22 de diciembre de 2022, y durante ese tiempo, la autoproclamada presidenta, Dina Duarte, autorizó la represión contra manifestantes que pedían la liberación del mandatario, y ha sido acusada de varias acciones de presunta corrupción, pero continúa en libertad al frente de la nación andina.
En otro país andino, Ecuador, Jorge Glas, ex vicepresidente durante el segundo mandato de la Revolución Ciudadana (2007-2017), quien ya cumplió 6 años de prisión por acusaciones no comprobadas, tuvo que acudir a la petición de asilo en la embajada de México en Quito, porque se le seguía persiguiendo por elementos afines a mecanismos de «justicia».
Del recinto diplomático se le sacó a la fuerza por militares enviados por el gobierno ecuatoriano en un acto violatorio de distintas normas y leyes que prohíben este tipo de acciones dentro de una embajada, protegida por la inmunidad diplomática.
Trasladado a la prisión de alta seguridad, La Roca, y en estado de salud vulnerable, ahora los mecanismos actuales de «justicia», le han negado este 9 de septiembre, un recurso de «habeas corpus» solicitado para atender su situación actual de salud, agravada por la permanencia en prisión.
Son solo tres ejemplos del uso o mal uso de la llamada «Justicia», politizada y totalmente incoherente con su verdadero sentido.
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