Qué más se necesita…
22 de agosto de 2024
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Este jueves 22 de agosto, se supone que se haya puesto un tapón en la boca de quienes hicieron lo posible y lo imposible, para concretar un golpe de Estado en Venezuela, luego de las recientes elecciones presidenciales que dieron como vencedor a Nicolás Maduro.
Los de adentro y los de afuera, los de siempre y los nuevos cuestionadores, que habían apostado por el fraude electoral antes de conocerse los resultados, recibieron ahora una contundente demostración de que ni hubo fraude, ni hubo otro vencedor.
Incluso, actores foráneos que con buenas intenciones hicieron declaraciones sobre alguna que otra falta de claridad y transparencia en el proceso electoral, tendrán esta vez que, como se dice en el argot marítimo, recoger velas y autocriticarse por la confusión creada.
Se ha hecho costumbre, a pesar de los reiterados tropezones, que muchos países se unen a la imposición de la llamada democracia burguesa bajo el prisma estadounidense.
Se imponen reglas como la de que en cada sufragio electoral —menos en Estados Unidos—, tengan que invitarse actores internacionales, para que, en última instancia, den el visto bueno a lo que sucede en cada urna.
Entre los invitados para aparecer como veedores internacionales en América Latina, casi siempre está la OEA. Error graso, invitar a una institución sin prestigio, causante y fabricante de golpes de Estado, para que dé el visto bueno a procesos electorales que, como en el caso venezolano, aparecen como los más transparentes y democráticos de la región, y con el empleo de técnicas de última generación, para que no se produzca error alguno.
La sentencia de este jueves, emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, asegura, en voz de la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, que todos los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral son congruentes con los informes de las máquinas electorales y los centros de totalización de resultados.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia señaló que hubo un peritaje exhaustivo y en profundidad de los materiales en físico/digital sobre las elecciones, ejecutado conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales.
De acuerdo con reportes de Telesur, se ratificó la competencia de la Sala Electoral del TSJ para iniciar un proceso judicial de investigación, peritar los resultados del proceso electoral y resolver el contencioso. Los tribunales de justicia constituyen instancias para decidir en los Estados de derecho.
En igual sentido se plantea que, de manera urgente se remita copia de la sentencia al fiscal general de la República para determinar responsabilidades ante presuntos delitos de suplantación de funciones, delitos informáticos, asociación para delinquir e incitación a provocar desórdenes, entre otros.
Por supuesto, tanto los que declararon fraude antes de contabilizar los votos, como gobernantes y gobiernos que hayan reconocido como vencedor a un personaje funesto de la historia venezolana y latinoamericana, como lo es Edmundo González, no estarán satisfechos con este resultado propio de una justicia limpia y transparente.
Recordemos el caso de Juan Guaidó, cínico personaje que se autoproclamó presidente cuando había sido derrotado limpiamente en las urnas, un figurante fabricado por Donald Trump y su gobierno, aupado por la OEA, y, como ahora, reconocido por varios gobiernos europeos, caracterizados siempre por ir tras los pasos de lo que se diga desde Washington.
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