Perú: presidentes mata-indios
22 de mayo de 2023
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Ahora que tropas norteamericanas han sido autorizadas por el ilegal gobierno de Dina Boluarte a entrenar a policías y militares en territorio peruano, es posible que se intente sofisticar o encubrir los continuados asesinatos de indígenas y de otras personas que intentan lograr justicia en una nación en que ahora es imposible.
No hay preocupación ni investigación por los desaparecidos durante la represión policial a quienes han participado en las masivas demostraciones contra la mandataria y el Congreso controlado por la derecha y en pro de una nueva Constitución, así como la fecha para elecciones presidenciales y legislativas.
De las 69 personas asesinadas por las fuerzas policiales, 51 son indígenas, y testigos aseguran que fue todo un fusilamiento premeditado, porque no tenían armas de fuego alguna, y se hizo para dar un escarmiento a una oposición aún fragmentada.
Asimismo, la llamada justicia ha criminalizado las protestas sociales y allanado el camino para que más tierras indígenas pasen a manos de intereses extranjeros.
Esto, por supuesto, seguirá protegido por una fuerza policial que recibe ahora más ayuda estadounidense para hacer más “comible” la represión y evite escándalos como el más reciente, al descubrirse que varios agentes alquilaban armas a bandas de delincuentes.
Pero, aunque va por ese “caminito”, a Dina Boluarte le falta aún un largo y amplio trecho para emular con los presidentes que más indios han asesinado bajo sus mandatos.
Una supuesta antifujimorista de izquierda, vinculada a partidos marxistas, Boluarte renegó de ello al lograr una vicepresidencia que la catapultó al poder, cuando el impopular Congreso defenestró ilegalmente a Pedro Castillo, el único presidente pobre en la historia de la nación.
Ahora es cúmbila de la que decía que era su principal enemiga, Keiko Fujimori; visita constantemente a su padre Alberto en prisión y se ha convertido en una alumna competente en eso de meter en un puño a quienes traten de detenerla.
Trascendió que busca la forma de indultar al exdictador, condenado a 25 años de prisión por asesinato y robo, gestor de genocidios en plena selva, donde perecieron cientos, quizás miles, de sus moradores, principalmente indígenas, alegando combatir al grupo guerrillero Sendero Luminoso.
Asimismo, ordenó el asesinato de más de una veintena de sobrevivientes del ataque al palacio presidencial y auspició que más de 3 000 mujeres indígenas fueran esterilizadas, alegando que era para evitar la posterior muerte de sus niños a causa de enfermedades y el hambre, algo que debía evitar como presidente.
Pero la historia de presidentes asesinos de indígenas no solo incluye a Boluarte y Fujimori, aunque en todos los casos han contado con el apoyo de la oligarquía local, propugnadora del racismo, y las empresas extranjeras, ávidas de especio para explotar.
ALAN, ¿PEOR QUE ALBERTO?
Por estos días se conmemora un nuevo aniversario de una de las mayores masacres de indígenas peruanos ordenadas por el poder de turno, y en ello descuella Alan García, un presidente que luego se suicidio para evitar ir a la cárcel por corrupción, no por asesinato de la población aborigen.
García daba la apariencia de un mandatario circunspecto, amante de la democracia, de esa occidental que se llama representativa, no participativa, pero lo cierto fue que aupó una galopante corrupción
Se convirtió en un “yes-mano” de las corporaciones extranjeras, lo cual explica su complicidad en las matanzas de indígenas que intentaban defenderse de la voracidad de los entes explotadores.
Como indicamos antes, dentro de unos días, el 5 del entrante junio, se cumple el aniversario 13 de la masacre indígena en Bagua, en el Amazonas peruano. Allí, la policía cargó desde aire y tierra contra manifestantes que bloqueaban carreteras, con un saldo de más de 40 muertos, todos indios desarmados.
Los indígenas manifestaban desde hacía dos meses contra una serie de decretos leyes aprobados por García en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para facilitarle el ingreso a tierras indias del Amazonía a las compañías petroleras y la venta de bosques selváticos a empresas madereras y para la producción de biocombustibles.
La policía solo admitió la muerte de tres manifestantes, en tanto los pobladores denunciaron que los agentes recogieron los cuerpos de los fallecidos, los incineraban y los arrojaban a un río cercano.
El hecho fue publicado en el nada progresista periódico La República, que también dudó de la investigación al respecto ordenada por la Fiscal de la Nación, Gladys Echáis, algo que nos recuerda a los manejos hipócritas que realiza la actual Fiscal Patricia Benavides para proteger a familiares envueltos en el narcotráfico, exonerar de todo tipo de acusaciones a Dina Boluarte y mantener ilegalmente en prisión al expresidente Pedro Castillo.
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