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Colombia: fraude electoral y armas nucleares

20 de marzo de 2022

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Colombia está en la mira: mientras el régimen Uribe-Duque se tambalea en la recta final, estalla el escandaloso fraude electoral, cometido para impedir fallidamente los resultados de las elecciones legislativas  que dieron a la coalición progresista y de izquierda Pacto Histórico la primera fuerza política en el senado y la Cámara de Representantes, conformando eventualmente una mayoría y presagiando un posible triunfo electoral en las futuras elecciones presidenciales de mayo.

De cualquier manera, se configura un nuevo mapa político en Colombia donde la oligarquía y la derecha política se ven por vez primera desplazados de  importantes posiciones de poder y ello tendrá seguramente repercusiones más allá de sus fronteras y especialmente en sus relaciones con la vecina Venezuela, que deberán ser restauradas en un ambiente de paz y respeto. Colombia dejaría de ser la punta de lanza imperialista contra la Revolución Bolivariana.

Simultáneamente, el régimen Uribe-Duque -títere de Washington- recibe por parte de sus amos la dudosa promesa de que será incorporado a la OTAN, que así lo convertiría en un factor de guerra y de agresión en América Latina y el Caribe, en un probable depósito y almacén de armas nucleares estadounidenses -como otros socios de la OTAN- y en un violador flagrante del Tratado de Tlatelolco, que proscribe el armamento nuclear en la región, y de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz. De ambos convenios internacionales Colombia es signatario.

Pero el régimen Uribe-Duque no tiene límites en su servilismo a Estados Unidos -sea Trump o sea Biden- como tampoco puede ya ocultar sus vínculos con sectores del narcotráfico y el terrorismo de Estado. No sin razón el electorado colombiano lo lanzó al último peldaño en las recientes elecciones legislativas, en las que ni el fraude pudo salvarlo.

Los últimos meses de este régimen criminal, delincuencial u corrupto, están siendo sangrientos para el pueblo colombiano; los asesinatos selectivos de líderes sociales, sindicales y comunales y activistas de derechos humanos se multiplican día tras día y ya se acercan a 20 en lo que va de año.

La oligarquía colombiana, tradicionalmente sin escrúpulos, parece estar de verdad asustada y dispuesta a ahogar por la violencia  y el crimen la perspectiva que se le avizora.

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