Costa Rica: fragmentación electoral

2 de febrero de 2022

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Arnaldo Alfonso Musa Pachá

 

Con un futuro incierto y sin grandes esperanzas, tres millones y medio de costarricenses deben escoger el domingo 6 de febrero entre 25 candidatos la persona que ocupará la presidencia y a los 57 integrantes de la Asamblea Legislativa, con la alta propbabibildad de que ninguno de los aspirantes llegue al 40% requerido como mínimo y se realice una segunda vuelta el 3 de abril próximo.

Como la ley electoral señala no hay reelección electoral del mandatario, hasta que pase por lo menos un periodo, pero el actual presidente, Carlos Alvarado, ya ha hecho su “tarea” de reforzar un neoliberalismo de línea dura en medio de la pandemia del COVID-19, con políticas económicas impopulares, lo cual ha dañado seriamente a la base de votantes de su Partido de Acción Ciudadana (PAC), que había acabado con el bipartidismo y fue considerado un ente de izquierda, pero que nunca lo fue.

La desafiliación partidaria ha llevado no solo a la disminución de la participación, sino también a una mayor volatilidad electoral. Hoy, ambas tendencias convergen en un país profundamente fisurado por las desigualdades sociales y el descontento ciudadano. En este marco, es probable que las elecciones del 2022 favorezcan a los poderosos grupos empresariales, permitiéndoles mantener el control del gobierno logrado en el 2018.

De todas maneras, un estudio revela que el 40% de los votantes está indeciso, y lo más probable es que a ello contribuya, además de la pésima situación económico, la fuerte oposición a la candidatura del ex presidente José María Figueres, del Partido de Liberación Nacional (PLN), quien, no obstante, está al frente de la encuesta, con un magro 15%, seguido de otra política más derechista, la ex vicepresidenta Lineth Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Años de fortalecimiento neoliberal y nuevas reconfiguraciones políticas han fragmentado el escenario electoral, mientras que los políticos de izquierda permanecen en gran medida desconectados de las clases trabajadoras Después de que la coalición Pueblo Unido desapareció en la década de 1980 debido a conflictos internos, los nuevos partidos de izquierda que surgieron en la década de 1990 fueron dominados por intelectuales con poco apoyo de las clases trabajadoras. Aunque una de esas agrupaciones, el Frente Amplio, ganó nueve escaños en el 2014, rápidamente perdió ese capital político y solo obtuvo un escaño en el 2018.

Según una encuesta de diciembre del 2021, el Frente Amplio concentra el 6,8% de la intención de voto, 5,3 puntos porcentuales más que en diciembre del 2017, por lo que podría aumentar su representación legislativa. Probablemente este incremento se debe a que capta no solo el voto protesta, como ocurrió en el 2014, sino el apoyo de ex simpatizantes del PAC.

Dada la alta volatilidad electoral, las elecciones de 2022 se asemejan a una ruleta rusa. Cualquier incidente o escándalo podría aumentar las posibilidades de victoria de los candidatos oportunistas. En un campo abarrotado, los candidatos sin mucha experiencia o conocimiento político no solo tienen la oportunidad de ganar la presidencia, sino que también podrían capturar un número considerable de escaños en la Asamblea Legislativa.

 

CRISIS BIPARTIDISTA

La crisis bipartidista produjo profundas divisiones en el PLN y el PUSC y alentó la formación de nuevos partidos, el más importante de los cuales fue el PAC. Fundado en el 2000 por ex líderes del PLN, el PAC basó sus campañas en volver a las políticas socialdemócratas del PLN anterior a 1982.

En el 2002, el PAC capturó el 26,2% de los votos en la elección presidencial, obligando al PLN y al PUSC a enfrentarse en una segunda vuelta. Fue la primera vez en la historia del país que ningún candidato superó el umbral del 40% requerido para ganar las elecciones en la primera vuelta.

Luego, en el 2006, el PAC estuvo cerca de ganar las elecciones presidenciales, pero finalmente fue derrotado por el candidato del PLN, el expresidente Óscar Arias. En un intento por debilitar al PAC, el PLN reactivó la inversión social, estancada desde 1990, y mejoró los salarios del sector público. Esta estrategia permitió al PLN ganar las elecciones del 2010 con un 46,9% de los votos, seis puntos porcentuales más que en el 2006.

En el 2014, desgastado por dos gobiernos consecutivos y nuevos escándalos de corrupción, el PLN perdió en segunda vuelta ante el candidato del PAC, Luis Guillermo Solís. Aunque Solís mantuvo el estilo del PLN con una combinación de inversión social y políticas neoliberales moderadas, no solo se negó a promover una regresiva reforma tributaria, sino que en el 2016 su administración denunció que el fraude fiscal ascendía al 8% del Producto Interno Bruto, casi 5 000 millones de dólares por año.

Sintiéndose aludidos, los poderosos intereses empresariales y sus aliados mediáticos lanzaron una campaña sistemática para demonizar al Estado y criminalizar a los empleados públicos. A principios del 2017, a medida que la aprobación de Solís disminuía, parecía que el PLN ganaría fácilmente las elecciones presidenciales de 2018, pero la convención que realizó para nominar al candidato a la presidencia fracturó al partido en dos tendencias: el arismo, liderado por el ex presidente Arias, apoyó al legislador Antonio Álvarez, y el figuerismo respaldó al ex presidente Figueres. Aunque Álvarez ganó la nominación, no logró incorporar a los figueristas en su campaña presidencial.

Según las encuestas de diciembre del 2017, la elección presidencial se definiría en una segunda vuelta entre el PLN y otro partido. Pero entonces todo cambió. En enero del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico a favor del matrimonio igualitario. La decisión surgió de una solicitud del 2016 planteada por Costa Rica para obtener orientación sobre las obligaciones de los Estados con respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo. La Iglesia Católica y varias denominaciones evangélicas rechazaron enérgicamente la sentencia de la Corte, lo que introdujo una dimensión religiosa a la campaña electoral costarricense, por primera vez desde finales del siglo XIX. Aprovechando la situación, un pequeño partido evangélico, Restauración Nacional (PRN), avanzó en las encuestas. Como el PLN y el PUSC intentaron sin éxito competir con el PRN en asuntos de fe, una gran parte del electorado decidió votar por el PAC.

Desde principios de febrero hasta el primero de abril del 2018, en Costa Rica se libró una verdadera guerra religiosa. Al final, el PRN, que no había logrado aliarse con el PLN, perdió en la segunda vuelta ante el PAC, que había llegado a un acuerdo con un sector del PUSC. Una vez en el cargo, el nuevo presidente, Carlos Alvarado, se alejó del estilo de gobierno de Solís y promovió un neoliberalismo de línea dura. Sus políticas han redistribuido el ingreso y el poder a favor de las oligarquías empresariales a expensas de los sectores medios y las clases trabajadoras. En esta cruzada, el gobierno encontró un aliado inesperado en el 2020: el COVID-19. Además de provocar una recesión y un aumento del desempleo, la pandemia evitó que se produjeran protestas populares masivas como las del 2018 y el 2019.